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CAPÍTULO 15
LA CUESTIÓN DEL COSTE
Consideraciones generales
Uno de los mayores fracasos de la política económica del pasado ha sido su incapacidad
de tener en cuenta o medir con precisión la totalidad de los costes externos que se
imponen al medio ambiente. Desde tiempos históricos, el ecosistema terrestre se ha
tratado como una fuente inagotable de materias primas, energía, agua etc.
Se consideraba que los ingresos de la sociedad (o su PIB) dependían exclusivamente de los
recursos del capital y de la fuerza de trabajo. En la actualidad, sin embargo, ha quedado
claro que los ingresos presentes y futuros de la sociedad, así como la producción
continuada de bienes y servicios, no dependen tan sólo de la disponibilidad de capital y
fuerza laboral sino también de los recursos naturales y del medio ambiente. De no tomar
debidamente en consideración el coste y el valor del medio ambiente y la política
ambiental, se puede llegar a una visión totalmente errónea de la riqueza y los ingresos
de la sociedad y de su auténtico potencial de desarrollo sostenible.
Las políticas destinadas a promover un desarrollo económico están condenadas, en
último término, al fracaso si no incluyen la dimensión ambiental como componente
integral. Los cambios climáticos, la acidificación, la desertización, las inundaciones,
la contaminación y los residuos tóxicos - todos estos problemas que tanto nos preocupan
en nuestros días se remontan, en mayor o menor medida, a actuaciones poco previsoras,
mediante las que se buscaba un beneficio económico, y que no tuvieron en cuenta los
costes ambientales a largo plazo. Del mismo modo que una empresa seria se propone mantener
y aumentar su activo e invierte en instalaciones, expande la producción, adquiere nuevos
equipos y mejora la calidad de los servicios a fin de cuidar su salud a largo plazo,
también nuestro planeta requiere un determinado tipo de «inversiones» para mantenerse
como ecosistema sano y asegurar un crecimiento económico sostenible, a largo plazo. Las
generaciones futuras dependen de las inversiones que hagamos ahora. Si no realizamos estas
inversiones a tiempo, ello podría conducir a la bancarrota de regiones enteras y, en
última instancia, de la propia civilización.
Dificultades prácticas a la hora de evaluar el medio ambiente y conservarlo
En primer lugar, no es posible indicar el «coste» potencial que el Programa
representará, en su conjunto, para los Estados miembros, las autoridades regionales y
locales y los agentes económicos. Si nos hemos de creer el concepto de desarrollo
sostenible, los beneficios últimos deberán ser, a la larga, mayores que los llamados
costes. En este contexto, el apartado 3 del nuevo artículo 130R obliga a tomar en cuenta,
en todas las ecuaciones de este tipo, el coste real de la «falta de acción»; si no se
tienen en cuenta los costes de la «falta de acción», las decisiones acusarán un sesgo
contrario a una respuesta política óptima en cuanto a su carácter sostenible. No
obstante, aparecen unas cuantas dificultades prácticas:
i) Frecuentemente, se carece de información sobre el estado físico del medio ambiente, o
la información es insuficiente. No se tiene certeza de los límites de tolerancia del
medio ambiente.
ii) Los costes de los daños al medio ambiente (o los beneficios de su reparación) y los
costes de la «falta de acción» son difíciles de determinar. Los métodos de
cuantificación están en fase experimental.
iii) Para medir el valor del medio ambiente para las futuras generaciones debemos elegir
un parámetro de valoración apropiada, lo cual constituye en si mismo un tema
controvertido.
iv) A diferencia de las empresas, que emplean el dinero como unidad común de medida, no
existe ninguna unidad para las variables ambientales. Ello significa que es difícil
comparar entre sí los auténticos costes de oportunidad que supone la mejora de una
variable ambiental frente a otra.
Además, dado que algunas amenazas para el medio
ambiente lo son igualmente para la salud humana, y que, en última instancia, todas las
variables ambientales están ligadas entre sí, la política de medio ambiente requiere un
planteamiento integrado global.
v) Las opciones de la Comunidad en materia de política pública no se rigen únicamente
por los costes y beneficios ambientales (aún siendo éstos mensurables), sino por otros
principios establecidos en el Tratado (por ejemplo, los principios de precaución y
prevención, la cohesión social etc).
Al mismo tiempo, conviene dejar claro que determinados aspectos del medio ambiente no
tienen precio, o pueden no tener precio, y consecuentemente pueden no ser adecuados para
los mecanismos económicos normales de fijación de costes tales como el análisis
coste/beneficio o el libre juego de las fuerzas de mercado. Ejemplos de ello serían el
nivel adecuado de calidad del agua potable, el último elefante o panda gigante, el canto
de los pájaros, algunos aspectos del patrimonio cultural. En los casos en que no es
posible realizar la evaluación económica y la determinación de los costes de forma
satisfactoria, la evaluación cualitativa representa una herramienta indispensable para
acelerar la plena integración de las consideraciones ambientales en el proceso de toma de
decisiones y lograr la transición hacia el desarrollo sostenible. A tal fin habría que
seguir desarrollando y afinando instrumentos tales como los indicadores ambientales y las
evaluaciones del impacto ambiental.
Con ello no queremos negar la importancia de determinar los costes de las políticas y los
programas de medio ambiente. De conformidad con el Tratado, se llevará a cabo un
análisis de los costes y beneficios potenciales de la acción y la falta de acción
cuando se elaboren propuestas oficiales específicas en la Comisión; se tomarán todas
las medidas posibles por evitar la imposición de costes desproporcionados y por
garantizar que, a la larga, los beneficios sean superiores a los costes.
Perspectivas de futuro de la evaluación del coste
Debe pues elaborarse, lo antes posible, una estrategia amplia y equilibrada de fijación
de objetivos y de su orden de prioridad, basada en una evaluación lo más completa
posible de todos los costes y beneficios pertinentes. En esta misma línea, la selección
de instrumentos debería ser tal que permitiera alcanzar los objetivos ambientales con un
coste mínimo. Por lo que se refiere a esto último, la medida de los costes habría de
incluir los costes administrativos o de recursos que sufraga el sector público, así como
una evaluación económica de la merma de las existencias de recursos naturales y los
costes que para las empresas y los hogares supone el cumplimiento. El siguiente plan de
cinco puntos se presenta por adelantado como un conjunto de medidas que deberán adoptarse
durante el plazo del Programa a fin de solventar las dificultades a las que nos hemos
referido, y diseñar un mecanismo adecuado y eficaz de determinación de los costes que se
preste al doble propósito de proteger el medio ambiente y propulsar el desarrollo
sostenible:
- Como cuestión prioritaria, los políticos han de disponer de una información más
completa sobre el estado del medio ambiente, de los indicadores pertinentes y de las
capacidades de tolerancia, a fin de poder definir mejor los parámetros del desarrollo
sostenible.
- Es necesario continuar la labor de investigación para valorar el medio ambiente y
tenerlo en cuenta; debería fomentarse, siempre que sea posible, la coordinación
internacional y el reparto de tareas en este ámbito. Deberían elegirse unos parámetros
de valoración convenientes para salvaguardar los derechos de las futuras generaciones,
tomando debidamente en consideración la incertidumbre y los riesgos.
- Habría que poner a punto urgentemente una metodología para delimitar la relación
coste/beneficio que podría aplicarse a todos los proyectos y políticas que entrañen una
dimensión ambiental. Se debería considerar la conveniencia de incluir o no los costes de
los «proyectos extraoficiales de restauración del medio ambiente» en los análisis
económicos de la relación coste/beneficio, y en qué condiciones deberían recibir un
tratamiento preferente estos proyectos (p. ej., en condiciones de gran incertidumbre).
- Hay que determinar el coste, de la forma más completa posible, de todas las políticas
ambientales de la Comunidad y de las demás políticas que inciden sobre el medio
ambiente, teniendo en cuenta todos los costes y beneficios de la «acción» y la «falta
de acción» de conformidad con el artículo 130R del Tratado. En la medida de lo posible,
se debería establecer un orden de prioridad según la cuantía del beneficio.
- A partir de 1995, habría que disponer, en el marco de un proyecto piloto, de informes
contables ajustados desde el punto de vista del medio ambiente (de forma que se tengan en
cuenta las existencias en recursos naturales del aire, el suelo, el paisaje, el patrimonio
etc), en todos los países comunitarios, con vistas a adoptarlos de forma oficial hacia el
final de la década.
 
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