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CAPÍTULO 7
LA AMPLIACIÓN DE LA GAMA DE INSTRUMENTOS
Una de las principales ventajas de la Comunidad Europea, en la que se distingue de otras
instituciones internacionales tales como los organismos de las Naciones Unidas y la OCDE,
estriba en que es un órgano legislativo; cuando actúa haciendo uso de sus competencias
legislativas, sus medidas son vinculantes para los Estados miembros que la constituyen.
Las actividades comunitarias derivadas de los primeros cuatro programas de acción
adoptaron, predominantemente, la forma de reglamentos y directivas del Consejo. La gran
mayoría de las medidas adoptadas se diseñaron de forma que respondieran a unos problemas
claramente definidos, o con el fin de controlar determinados procesos y actividades, si
bien existen excepciones notables, como las medidas en relación con las evaluaciones del
impacto ambiental, la protección de la fauna y flora silvestres y el acceso a la
información sobre medio ambiente. Muchas de las Directivas tienen la doble finalidad de
proteger el medio ambiente y de eliminar distorsiones de la competencia dentro del mercado
interior.
Como consecuencia de esta actividad legislativa, la Comunidad y los Estados miembros que
la constituyen han alcanzado un éxito no desdeñable, limitando las amenazas para la
salud pública y el medio ambiente, logro que no puede ignorarse y no debe ser
infravalorado; se dispone ahora de un corpus legislativo que, si bien es relativamente
reciente y dista mucho de ser completo, proporciona una base muy sólida para los
siguientes pasos que deberán emprenderse en los años venideros.
Seguirá siendo necesario dictar medidas legislativas a nivel comunitario, sobre todo en
lo que se refiere
- al establecimiento de unos niveles básicos de atención al medio ambiente y protección
del mismo
- a los compromisos de la Comunidad frente a acuerdos internacionales más amplios
- a unas normas y/o controles comunes que podrán considerarse necesarios u oportunos para
mantener la integridad del Mercado interior.
No es, sin embargo, factible adoptar una directiva o un reglamento que diga «Respetarás
el medio ambiente, para gozar de él de una forma durable». Además, dado el vasto
alcance de muchos de los temas ambientales de nuestros días y dadas las amenazas para la
biosfera que suponen las actuales tendencias de la vida política, económica y social, es
imperativo plantearse de un modo distinto las causas de los problemas que radican en el
medio ambiente. Es esencial dirigirse a la raíz de estos problemas: la actividad humana,
el lugar otorgado al medio ambiente en nuestra escala de valores, y los recursos naturales
así como el comportamiento humano y los hábitos de consumo.
A fin de provocar cambios significativos en las tendencias y prácticas actuales, y de
involucrar a todos los sectores de la sociedad, con un espíritu de responsabilidad
compartida, se hace necesario desarrollar y aplicar un abanico más amplio de
«instrumentos». La política ambiental se basará en cuatro categorías fundamentales de
instrumentos: instrumentos normativos, instrumentos de mercado (incluidos los económicos
y fiscales así como los acuerdos voluntarios), instrumentos horizontales de apoyo
(investigación, información, educación, etc) y mecanismos financieros de apoyo.
Los
siguientes elementos son importantes para la creación de un conjunto ampliado: al final
del capítulo aparece una relación más completa de los objetivos, las metas, el
calendario y los agentes implicados;
véase el Cuadro 17.
7.1. La mejora de
la información sobre medio ambiente
En última instancia, una protección satisfactoria del medio ambiente, desde
la concepción de políticas hasta la adopción y aplicación de medidas factuales, sólo
puede asegurarse si la cantidad y calidad de la información pertinente es suficiente. Es
indispensable alcanzar un mayor conocimiento y una comprensión más profunda de las leyes
fundamentales que rigen el funcionamiento y los procesos evolutivos de la naturaleza bajo
la influencia de los fenómenos naturales y la intervención humana. Nuestro conocimiento
de la naturaleza y de los procesos naturales sigue siendo limitado; el actual debate
científico sobre el efecto invernadero y sus posibles consecuencias dan buena prueba de
ello.
La labor en relación con la preparación del Informe sobre el Estado del Medio Ambiente,
publicado simultáneamente con el presente Programa, ha destacado las lagunas y
deficiencias que presenta la información sobre medio ambiente de la que se dispone en la
Comunidad y en los Estados miembros.
a) En la mayoría de los Estados miembros existen diversas instituciones u organizaciones
que participan en la recogida y el análisis de datos; las diferencias con respecto a la
nomenclatura, los criterios, la metodologías y la interpretación dificultan la
compatibilidad y comparabilidad a nivel nacional, regional y comunitario.
b) Se acusa una grave falta de datos básicos, estadísticas, indicadores y demás
material cuantitativo y cualitativo necesario para evaluar la situación y las tendencias
ambientales, para determinar y adaptar las medidas políticas y para dirigir las
inversiones de capital.
c) Hay una carencia casi total de datos cuantitativos más precisos acerca de las
intervenciones y las influencias del hombre sobre el medio ambiente, datos que resultan
necesarios para elaborar modelos útiles y poder optimizar las decisiones políticas y las
que se refieren a inversiones a gran escala.
d) Frecuentemente, la información de que se dispone no se elabora o no se presenta de una
forma adecuada para su posibles destinatarios últimos (la administración, las empresas y
el público general), y no tiene en cuenta los distintos niveles de sofisticación o de
simplificación requeridos, ni el hecho de que hace falta información de tipo o nivel
distinto según el tipo de decisión.
A la luz de todo lo dicho, y teniendo en mente la relación entre decisiones apropiadas e
información apropiada, es imperativo que el presente Programa atribuya gran prioridad a
- colmar las lagunas actuales en los datos básicos sobre el medio ambiente y a aumentar
su compatibilidad, comparabilidad y transparencia;
- normalizar los aspectos científicos y técnicos de la recogida, el cotejo y la
interpretación de información, con el fin de optimizar el valor y la utilidad de los
datos obtenidos en y entre los distintos niveles administrativos y empresariales y entre
los diversos niveles y regiones geográficas;
- explotar e incrementar las experiencias y capacidades del sistema estadístico europeo
para que proporcione periódicamente estadísticas de importancia para el medio ambiente,
que serán comparables a las tradicionales estadísticas oficiales en el terreno
económico y social, y estarán relacionadas con éstas;
- aumentar la frecuencia y mejorar la calidad de los informes ambientales en los niveles
local, regional, nacional y comunitario.
La Agencia Europea de Medio Ambiente: una herramienta esencial
La mejora de la información sobre medio ambiente requerirá un esfuerzo combinado por
parte de todos los organismos pertinentes y todos los niveles de la administración,
quienes deberán colaborar de forma eficaz. Ante esta situación, se decidió crear una
Agencia Europea de Medio Ambiente y la Red Europea (39) de Información y de Observación
sobre el Medio ambiente. La tarea asignada a la Agencia consiste en proporcionar
información fiable, comparable en todo el territorio europeo, a las personas relacionadas
con la política ambiental de la Comunidad, en las instituciones comunitarias o en los
Estados miembros. Esta información se referirá a la calidad y sensibilidad del medio
ambiente y a las cargas que ha de soportar. La Agencia trabajará en conjunción con
Eurostat y con los servicios de la Comisión que se ocupan de la I+D. El papel de la
Agencia Europea de Medio Ambiente se considera crucial en relación con la evaluación y
difusión de información, la distinción entre riesgos reales y aparentes y el
establecimiento de una base científica y racional para las decisiones y acciones que
afectan al medio ambiente y a los recursos naturales. Consecuentemente, es imprescindible
que la Agencia llegue a ser completamente operativa en un plazo muy breve.
7.2.
Investigación científica y desarrollo tecnológico
Los gobiernos, las empresas y los consumidores representan los agentes
económicos esenciales cuyas decisiones pueden ejercer efectos positivos o negativos sobre
el medio ambiente; por otra parte, la gama de opciones que puede entrar en juego
dependerá en gran medida del éxito en la determinación de las relaciones de causa y
efecto y en la búsqueda de soluciones adecuadas, científicas y tecnológicas. En el
Capítulo 2 se reconoce que el factor que, en último término, limita el desarrollo
económico y social es el nivel de tolerancia del medio ambiente natural. Conceptos tales
como la tolerancia y la capacidad de recuperación del medio ambiente, los riesgos, los
efectos, etc., esenciales para la formulación de las políticas, sólo pueden definirse y
utilizarse si se comprenden los procesos ambientales fundamentales que se producen en las
escalas espaciales y temporales clave, y la forma en que la actividad humana puede
modificarlos. En cada uno de los sectores a los que se dirige el presente Programa, hay
que prestar especial atención a las oportunidades de mejorar el medio ambiente y la
gestión de los recursos en capital natural mediante una mejor utilización de las
tecnologías existentes y el desarrollo y empleo de otras nuevas o perfeccionadas.
Se han producido ya avances considerables en el desarrollo de tecnologías limpias y en el
campo de la ingeniería genética, por ejemplo, pero aún quedan por explotar muchísimas
oportunidades y nuevas industrias en potencia. En su mayor parte, este terreno deberá
abordarse a nivel empresarial, regional y nacional. La Comunidad, por su parte, puede
hacer importantes contribuciones en materia de bioética, de elaboración y promoción de
programas prioritarios de investigación, de intercambios de datos y resultados y de
transferencia de tecnología.
La Comunidad ya participa, de forma significativa, en actividades de investigación y
desarrollo relacionadas con problemas y temas de medio ambiente. En programas como Medio
Ambiente y Ciencia y Tecnología Marinas se incluyen estudios básicos y estratégicos del
cambio global, sus posibles repercusiones, la dinámica de los ecosistemas, los riesgos
naturales y tecnológicos así como la mejora del medio ambiente a través de tecnologías
más limpias, gestión de residuos y control de los riesgos de accidentes industriales.
Otros programas de I+D, como los de biotecnología, industria agraria, energía,
materiales industriales y tecnologías de la información incluyen actividades
relacionadas con sus respectivos aspectos medioambientales.
No obstante, es obvio que se requiere un esfuerzo de I+D mucho mayor y más coherente a
fin de responder a la estrategia que propone el presente Programa político y de acción,
una estrategia más previsora, coherente y eficaz. Esencialmente, la I+D a nivel
comunitario debe atender, entre otros, a los objetivos siguientes.
- Establecimiento de una base científica para evaluar el estado del medio ambiente y de
un sistema perfeccionado de detección temprana de problemas ambientales, lo cual implica
recopilar datos básicos sobre el medio ambiente y diseñar índices, sistemas avanzados
de control y evaluación, etc.
- Mejor comprensión de los procesos ambientales básicos y de las repercusiones de las
actividades humanas. En este terreno se requiere una investigación estratégica a largo
plazo para elucidar el cambio global y sus posibles efectos, y para definir las
condiciones de un desarrollo sostenible desde el punto de vista del medio ambiente.
- Desarrollo de una base racional para los instrumentos normativos y de mercado, lo cual
incluiría, sobre todo, I+D prenormativa en relación con la salud y seguridad pública,
los riesgos ambientales y las evaluaciones del impacto, las auditorias ecológicas, el
control de los productos químicos, etc.
- Elaboración y aplicación de técnicas para la prevención, reducción y mitigación de
las repercusiones sobre el medio ambiente, lo cual incluiría progresos en los ámbitos de
la biotecnología ambiental, los nuevos materiales, los procesos nuevos y más limpios,
una mejor gestión de los residuos y prevención de los accidentes industriales. La labor
en este terreno se dirigirá primordialmente hacia los sectores que se enumeran en el
Capítulo 4.
Por último, es necesario reforzar de modo sustancial las relaciones y los vínculos entre
la política de medio ambiente y las actividades complementarias de I+D. A fin de obtener
el máximo beneficio de las actividades de I+D, habrá que mejorar el flujo de
información y la interacción entre I+D y formulación de políticas, y se deberá hallar
un planteamiento más adaptable de la I+D para que ésta pueda responder con más
celeridad y flexibilidad a los requisitos políticos cambiantes. A la inversa, será
importante diseñar mecanismos mediante los cuales la formulación y aplicación de
políticas pueda responder a la evolución de los conocimientos científicos y de la
capacidad tecnológica.
7.3. Planificación sectorial y
espacial
El uso prudente del suelo y la planificación estructural pueden proporcionar
el marco y las normas básicas para el desarrollo socioeconómico y la salud ecológica de
un país, región o localidad. En la tarea de lograr un desarrollo sostenible, las
funciones de planificación y las autoridades públicas sobre las que recae la
responsabilidad deben asegurar que se optimice la proporción de la participación
relativa de la industria, la energía, el transporte, la vivienda, el ocio y el turismo,
los servicios auxiliares y la infraestructura de apoyo, de un modo coherente con la
capacidad sustentadora del medio ambiente.
Una planificación integrada de este tipo constituirá un elemento de particular
importancia en el afán por alcanzar una mayor cohesión económica y social en la
Comunidad. La determinación de las distintas proporciones que se requieren en las
diversas zonas y circunstancias, y según el nivel de población, requiere un grado
avanzado de planificación y coordinación en los Estados miembros.
La creación de un marco adecuado, suficientemente completo, que englobara la
planificación, el desarrollo y la protección del medio ambiente exigiría unas
adaptaciones institucionales para aplicar el principio de subsidiariedad, mediante la toma
de decisiones, en el nivel más conveniente:
- al nivel de los Estados miembros o de la Comunidad cuando se trate de planes de
desarrollo económico nacional o regional, o de cuestiones de alcance mundial;
- al nivel de las unidades regionales o geográficas naturales cuando intervengan
cuestiones relacionadas con el desarrollo regional, la contaminación o las cuencas
fluviales, y en el caso del transporte interurbano;
- al nivel local en el caso de asuntos con repercusiones en un ámbito geográfico
restringido.
Dentro de la Comunidad, el uso del suelo y la planificación estructural siguen
normalmente una secuencia determinada, que empieza por los planes económicos regionales o
nacionales y acaba por el desarrollo físico local y los planes de protección ambiental.
La secuencia tiene dos componentes fundamentales: las políticas o planes, que van de lo
concreto a lo general, incluidos los programas de control y las declaraciones de
intención, y los programas y proyectos, dirigidos de los general a lo concreto, que
constituyen la base de acción. Dado el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible, no
resulta sino lógico, por no decir esencial, hacer una evaluación de las implicaciones
medioambientales de todas las políticas, planes y programas pertinentes.
La integración de la evaluación ambiental dentro del proceso de planificación a gran
escala no sólo reforzará la protección del medio ambiente, fomentando una óptima
gestión de los recursos, sino que contribuirá a reducir aquellas disparidades en la
competencia internacional e interregional por los nuevos proyectos de desarrollo que
surgen en la actualidad debido a las discrepancias en las prácticas de evaluación de los
Estados miembros.
Por último, la Comisión y los Estados miembros, fieles a su compromiso de integrar las
políticas, ya se han comprometido, en la cumbre de Maastricht, a tener plenamente en
cuenta las repercusiones ambientales y el principio del desarrollo sostenible en la
formulación y aplicación de sus políticas.
7.4. El
enfoque económico: fijar correctamente los precios
El valor de muchos bienes ambientales es difícil de determinar en términos
monetarios y, en el caso de elementos particularmente importantes o raros, no debería
asignárseles nunca un «precio». No obstante, los mecanismos de valoración, fijación
de precios y contabilidad desempeñan una función crucial en la consecución del
desarrollo sostenible. Las valoraciones económicas pueden ayudar a los agentes
económicos en la tarea de tener en cuenta los efectos sobre el medio ambiente cuando
toman decisiones de inversión o consumo. Allí donde rigen los principios de la economía
de mercado, los precios deberían reflejar, en su totalidad, el coste que la producción y
el consumo supone para la sociedad, incluyendo los costes ambientales.
Entre las medidas que se requieren para determinar los costes ambientales, con vistas a un
mecanismo de fijación de precios más eficaz desde el punto de vista ambiental, figuran
las siguientes:
- la evaluación, en términos económicos, de los recursos naturales y ambientales de los
Estados miembros;
- la obtención, para los Estados miembros (y, en su caso, para las regiones), de unos
indicadores de los recursos renovables que reflejen las tasas de utilización y
renovación de dichos recursos, incluyendo la disponibilidad y el uso de los recursos
hídricos, la formación y la erosión del suelo, el crecimiento y la explotación de los
bosques, las poblaciones regionales de peces y sus capturas, etc;
- la ampliación y adaptación de las herramientas tradicionales de la estadística
económica, basadas en la investigación nacional y europea, incluyendo la modificación
de los indicadores económicos clave, tales como el PNB, de forma que reflejen el valor de
los recursos naturales y ambientales en cuanto a la generación de ingresos actuales y
futuros y tengan en cuenta las pérdidas y los daños al medio ambiente mediante unos
valores monetarios asignados;
- el desarrollo de metodologías útiles de análisis de coste/beneficio, y directrices
con respecto a las medidas y las acciones políticas que repercuten sobre el medio
ambiente y la riqueza en recursos naturales;
- la redefinición de los conceptos, normas, convenciones y metodología relacionados con
la contabilidad, de tal modo que el consumo y uso de recursos ambientales intervenga como
parte de los costes totales de producción y quede reflejados en los precios de mercado.
Estas medidas deben comprender una supervisión y unos controles apropiados para
garantizar la transparencia del mercado y una competencia equitativa.
Para mantener y mejorar la concienciación de las empresas en relación con las cuestiones
ambientales, para que se tomen en consideración todos los gastos y riesgos ambientales, y
para contribuir a que la contabilidad en materia de medio ambiente marque el curso de las
actividades, las empresas deberían
- revelar, en sus informes anuales, los pormenores de su política y sus actividades de
medio ambiente, así como los efectos de éstas;
- revelar, en sus sistemas de contabilidad los gastos en programas de medio ambiente (lo
cual requiere una definición clara de dichos gastos);
- tener en cuenta, en su contabilidad, los riesgos ambientales y los futuros gastos
relacionados con la protección del medio ambiente.
El empleo de incentivos económicos y fiscales
El uso de instrumentos económicos y fiscales se va a convertir en una parte cada vez más
decisiva del enfoque general cuando se trata de fijar correctamente los precios y generar
unos incentivos basados en el mercado, o un comportamiento respetuoso con el medio
ambiente. El principal objetivo de estos instrumentos consiste en la incorporación de
todos los costes ambientales externos habidos durante la totalidad del ciclo de vida del
producto, desde la fuente, pasando por la producción, la distribución y el uso hasta la
eliminación final, de tal forma que los productos «ecológicos» no se encuentren en una
situación competitiva desventajosa frente a los productos que contaminan y generan
residuos. En este sentido, existen dos opciones: un planteamiento relacionado con la
fijación de precios y otro con la cantidad. Aunque actualmente la Comunidad y los Estados
miembros están siguiendo el primero, convendrá también estudiar en qué medida podría
hacerse uso de posibles opciones tales como los permisos negociables para controlar o
reducir su cantidad, Será cada vez más importante que el abanico de instrumentos se
aplique de forma rentable para así evitarle a la economía de la Comunidad unos costes de
ajuste innecesarios, para minimizar las consecuencias negativas en la distribución y para
obtener un beneficio ambiental óptimo. Al poner a punto estos instrumentos, será
también importante considerar no sólo sus posibles efectos sobre el medio ambiente
local, sino también su eficacia económica y sus repercusiones regionales.
La primera categoría relevante de instrumentos económicos son las tasas e impuestos. Se
trata de instrumentos bien estudiados que se usan, por ejemplo, en el terreno de la
contaminación de las aguas. Se crearon primordialmente para obtener los fondos necesarios
para operaciones de limpieza e infraestructura tales como las plantas de tratamiento de
aguas, y seguirán teniendo importancia para estos fines y otros similares, como la
eliminación de residuos. Sin embargo, de conformidad con el principio «quien contamina,
paga», estas tasas deberían adaptarse progresivamente para disuadir de la contaminación
en la fuente y fomentar unos procesos de producción limpios mediante reacciones adecuadas
del mercado.
La responsabilidad de los impuestos y tasas por emisiones procedentes de fuentes
estacionarias ha correspondido hasta ahora a las autoridades nacionales y municipales.
Consecuentemente, estas tasas se han difundido más y tienen auténticas repercusiones
sobre el medio ambiente; generan por tanto unos mayores ingresos financieros y podrá
requerirse cierto grado de intervención a nivel comunitario para asegurar que los
sistemas de tasación se diseñen de forma transparente y comparable, y para evitar
distorsiones de la competencia dentro de la Comunidad (por ejemplo, en los casos de la
contaminación del agua y del aire), sobre todo cuando se trata de emisiones o vertidos
procedentes de fuentes móviles.
Los incentivos fiscales, que constituyen una segunda categoría, pueden ejercer una
influencia considerable sobre los hábitos de consumo y de comportamiento. Las
consideraciones de orden ambiental ya se tienen en cuenta, en la Comunidad, en el terreno
fiscal: sirvan como ejemplo los impuestos diferenciados que se aplican a la gasolina con y
sin plomo, la propuesta de Directiva del Consejo relativa al tipo de impuesto especial
sobre combustibles de origen agrícola (40) y el impuesto carbono/energía previsto en la
Comunicación de la Comisión «Una estrategia comunitaria para limitar las emisiones de
anhídrido carbónico y mejorar la eficacia energética» (41).
Esta evolución se estimulará a lo largo del período cubierto por el presente Programa,
con el fin de modernizar y racionalizar el conjunto de los sistemas fiscales para que
puedan responder más adecuadamente a la necesidad de proteger la base de los recursos
naturales y el medio ambiente. En este sentido, hoy por hoy se considera, en general, más
eficaz, desde el punto de vista económico, gravar las actividades perjudiciales para la
estructura económica de los recursos, incluido el medio ambiente y, al mismo tiempo,
reducir los impuestos que pueden repercutir negativamente sobre el empleo y las
inversiones. Sin embargo, se tomarán todas las precauciones posibles para evitar un
aumento de la presión fiscal global.
Las ayudas de estado, que implican sistemas de subvención directa e indirecta,
constituyen una tercera categoría de instrumentos económicos. La Comisión ya ha
aprobado un marco para las ayudas de estado de tipo ambiental, a fin de garantizar un
sistema comunitario regulado compatible con el principio «quien contamina, paga». Este
marco se actualizará de modo que tome en consideración no sólo la creciente importancia
de los subsidios para determinados tipos de gastos ambientales, sino también para velar
por la integridad del mercado interior.
Las deducciones fiscales para fomentar las inversiones en equipos «ecológicos» y
procesos de producción limpios forman una categoría particular de ayudas estatales cuyo
uso está siendo cada vez más frecuente. Estos incentivos fiscales pueden ser muy
eficaces cuando se trata de acelerar la introducción de equipos «limpios», y deberían
estimularse para facilitar la transición crítica hacia el desarrollo sostenible.
Una cuarta categoría de instrumentos de mercado que hay que desarrollar en la Comunidad
es la auditoria ecológica. Este instrumento debería considerarse, en primera instancia,
como una herramienta de gestión interna que habría de dar indicaciones sobre la
adecuación de la gestión de recursos, incluyendo el uso de materias primas, el consumo
de energía, los niveles de productividad y los residuos. Su finalidad sería señalar las
zonas de riesgo, indicar el rendimiento en lo que respecta a la prevención de riesgos y
la gestión así como los niveles de seguridad y salud en el lugar de trabajo. A los
accionistas, los inversores, las entidades financieras y las aseguradoras, estas
auditorias basadas en los recursos les proporcionarían un indicador del rendimiento de
la misma importancia que los informes contables tradicionales. Para la administración
pública y el público general, las auditorias ambientales proporcionarían un indicador
tanto de rendimiento como de cumplimiento, el cual daría un empuje a la confianza general
de la población.
Por último, se establecerá un enfoque comunitario integrado en relación con la
responsabilidad ambiental. El concepto de «responsabilidad compartida» tiene carácter
dual. Por una parte, es importante compartir la responsabilidad de evitar seguir
perjudicando al medio ambiente. Por otra, está también la necesidad de proteger el
interés común por el medio ambiente asegurando que, si se produce un daño, éste se
remediará debidamente mediante un mecanismo de compensación. La responsabilidad será
una importante herramienta en cuanto recurso último para castigar el expolio del medio
ambiente. Además, persiguiendo el objetivo de la prevención en la fuente, proporcionará
un incentivo económico muy claro para la gestión y el control del riesgo, la
contaminación y los residuos.
7.5. Información pública y
educación
El éxito del progreso hacia el desarrollo sostenible dependerá en gran
medida de las decisiones, la actuación y la influencia del público en general. Ahora
bien, mientras que las encuestas muestran un nivel elevado y creciente de concienciación
ecológica en el público en general, éste acusa una considerable carencia de
información esencial. Además del acceso a la información disponible sobre medio
ambiente, conforme a la Directiva 90/313/CEE (42) del Consejo (que entrará en vigor el 31
de diciembre de 1992), y del derecho a intervenir en la evaluación del impacto ambiental
de los grandes proyectos, es esencial que el ciudadano pueda participar en el proceso de
fijar condiciones para las autorizaciones de funcionamiento y el control integrado de la
contaminación, y que se le permita comprobar el rendimiento efectivo de las empresas
públicas y privadas mediante el acceso a los inventarios de emisiones, vertidos y
residuos, y a las auditorias ambientales.
En lo que respecta a la información general, se hará necesaria una estrategia exhaustiva
para informar al público en general, a los interlocutores sociales y económicos, a las
administraciones regionales y municipales y a las organizaciones no gubernamentales de los
objetivos y metas de la política comunitaria de medio ambiente y de sus respectivas
responsabilidades y posibles contribuciones. Esta estrategia permitirá crear estructuras
que faciliten la participación de los ciudadanos y los agentes en la actividades de la
Comisión en este ámbito. Se trata de estructuras que podrían crearse a nivel regional o
local, teniendo en cuenta la experiencia de las redes que ya existen (los centros de
información rural y los centros locales de iniciativa urbana).
El individuo, en su calidad de consumidor, solamente podrá elegir de forma racional y con
pleno conocimiento de causa si la información disponible sobre el producto cubre todos
los aspectos pertinentes tales como las prestaciones, la fiabilidad, el rendimiento
energético, la durabilidad, los costes de mantenimiento, etc., y si esta información se
expresa de forma neutra, avalada por garantías eficaces y fiables. La etiqueta ecológica
de alcance comunitario supondrá una contribución en este sentido, pero se la deberá
también desarrollar a corto y medio plazo combinándola con un planteamiento más global
de la seguridad del consumidor y la protección del medio ambiente.
Debe insistirse en la importancia de la educación en la tarea de desarrollar una
conciencia ambiental; los temas correspondientes deberían ser parte integrante de los
planes de estudio a partir del nivel primario.
El punto de partida para la actuación conjunta de la Comunidad Europea y los Estados
miembros en el terreno de la educación sobre medio ambiente es la Resolución sobre
educación de medio ambiente del Consejo y de los ministros de educación reunidos en el
seno del Consejo el 24 de mayo de 1988 (43). Entre otros aspectos, en esta resolución se
afirma que «el objetivo de la educación sobre medio ambiente consiste en aumentar la
conciencia pública de los problemas en este ámbito, así como las posibles soluciones, y
sentar las bases para una participación activa y con pleno conocimiento de causa del
individuo en la protección del medio ambiente y el uso prudente y racional de los
recursos naturales».
El presente programa hace un llamamiento a la rápida aplicación de la Resolución.
Sin
perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el terreno de la educación, los
estudios ambientales, tanto aisladamente como integrados en los estudios de ciencias
naturales y sociales, o amalgamados con otros estudios para la preparación a la vida
cotidiana (cívica, política, relaciones industriales, higiene y sanidad), deberían
incluirse en todos los planes de estudios de las escuelas primarias y secundarias, hasta
el año 2000 a más tardar, y deberían constar como opción de examen lo antes posible
después de esa fecha. A fin de alcanzar este objetivo, será necesario iniciar, sin
demora, la creación de cursos universitarios y universidades de verano, programas de
formación del profesorado y la publicación y elaboración de bibliografía sobre el
medio ambiente, así como material didáctico.
7.6. Formación
profesional y formación continua
Las tendencias actuales y previstas de la evolución estructural y
tecnológica, de la oferta y demanda del mercado y de la competencia del mercado pueden
atribuirse, en gran medida, a un mercado impulsado por el usuario que exige una calidad
cada vez mayor en todos los aspectos de los productos y servicios. La respuesta a esta
demanda viene condicionada por el nivel de pericia y de conocimientos técnicos en los
sectores de fabricación y de servicios. Además, los datos empíricos sobre Europa y los
EEUU indican que hay una estrecha correlación entre la proporción de la población que
adquiere un alto nivel de educación profesional, por una parte, y la prosperidad
regional, por otra; que en dichas regiones suele haber una mayor demanda de calidad; y que
los productores de bienes y servicios de estas regiones son competitivos en mercados más
amplios, incluso mundiales.
Estos factores, entre otros, dan prueba de la necesidad de ampliar la formación en las
administraciones y en las industrias de producción y de servicios si se pretende alcanzar
los objetivos comunitarios de medio ambiente y del mercado interior. Los requisitos
específicos de técnicas y de formación que se desprenden de estudios realizados en toda
la Comunidad, incluido el programa FAST, son, entre otros, los siguientes:
En el sector público, las necesidades de técnicas y formación son, entre otras
- política, toma de decisiones sobre estructuras y proyectos y gestión
- gestión de los recursos hídricos
- ahorro de energía y eliminación de residuos en instituciones públicas (hospitales,
centrales eléctricas, oficinas públicas, instalaciones y maquinaria)
- vigilancia del nivel de cumplimiento de la legislación y de las condiciones de
funcionamiento y los niveles de contaminación
- funcionamiento de las instalaciones depuradoras y de tratamiento de aguas
- evaluación del impacto ambiental.
En el sector privado, las nuevas necesidades de formación en todos los niveles, de
gestión y de funcionamiento, incluyen
- en la industria manufacturera: investigación y desarrollo, gestión de procesos,
utilización eficaz de la energía, explotación de biotecnologías, prevención,
reutilización, reciclado y eliminación segura de residuos, confinamiento y
rehabilitación de emplazamientos contaminados, operaciones de transporte, mantenimiento
de vehículos y conservación de combustible;
- en la agricultura, horticultura y silvicultura: conservación y gestión de la
naturaleza, prácticas agrarias sostenibles desde el punto de vista ecológico, consejeros
agrarios y horticultores, gestión de residuos, control integrado de las plagas, control
de la erosión y prevención y control de incendios;
- en el sector de servicios: asesoría de medio ambiente (legal y técnica), elaboración
y difusión de información y conocimientos (en especial a las PYME), evaluaciones del
impacto ambiental, contabilidad y auditoria ambiental, transporte más eficaz así como
información y servicios turísticos de mayor calidad.
Por lo que respecta a las profesiones, las necesidades incluyen biólogos y químicos,
geólogos y topógrafos, arquitectos y planificadores de la ordenación territorial,
ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos y de producción así como técnicos,
operarios y especialistas en formación de medio ambiente.
7.7. Mecanismos de asistencia
financiera
En el contexto general del desarrollo sostenible, la conservación de los
recursos naturales y la prevención de la contaminación y de los residuos, así como de
la aplicación eficaz del principio «quien contamina, paga», las acciones y medidas
políticas expuestas en el presente programa no deberían suponer un coste adicional. Si
se las aplica con perseverancia, es de esperar que incrementen la eficacia industrial,
económica y social, y la prosperidad, sin resultar más costosas que las prácticas
actuales, que entrañan mayores despilfarros.
Como cuestión de principio, las aportaciones financieras de la Comunidad o de fondos
públicos no deben tener por efecto disminuir la responsabilidad fundamental de los
correspondientes «agentes» económicos y no deben proporcionar una coartada cuando no se
ha sido capaz de integrar la dimensión ambiental en los procesos de producción, en las
opciones del comportamiento individual y en las políticas y los programas pertinentes,
económicos y sectoriales. Además, el hecho de que existan intervenciones financieras no
debe dar lugar al malentendido de que el desarrollo sostenible es más caro o menos
rentable que el planteamiento «laissez-faire».
No obstante, determinados mecanismos financieros actuales y previstos tienen y seguirán
teniendo una importante influencia sobre la consecución de los objetivos del Programa.
Las políticas estructurales
Los Fondos Estructurales de la Comunidad, es decir, el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el elemento de orientación del Fondo
Europeo Agrario de Orientación y Garantía (FEOGA) se aplican con el fin de fomentar la
cohesión económica y social y de beneficiar a las regiones más pobres de la Comunidad.
En 1988 se acordó una reforma sustancial de su funcionamiento; los recursos financieros
disponibles para asistir a las regiones más débiles se han incrementado y se han
concentrado en objetivos específicos. Entre 1987 y 1993, el presupuesto se habrá
duplicado en términos reales; en 1992, representa aproximadamente el 27 % del presupuesto
comunitario total.
De estos fondos, el FEDER es el que más contribuye al desarrollo económico, mediante su
intervención directa en la financiación de las inversiones e infraestructuras
productivas. Muchas de sus intervenciones repercuten sobre el medio ambiente. Dentro del
FEDER, los fondos destinados a «proyectos ambientales» han experimentado un aumento
considerable, pasando de unos 100 millones de ecus al año en 1985-1987 a alrededor de 700
millones al año en el programa actual (precios de 1991), en parte como consecuencia de
ENVIREG y otras iniciativas comunitarias. El FSE, que apoya la formación y la creación
de empleo, y el FEOGA, que interviene a favor del desarrollo rural y la agricultura
ecológica, también contribuyen a la protección y mejora del medio ambiente.
Además de los gastos «ambientales» a los que hemos aludido, los Marcos de Apoyos
Comunitarios que constituyen los contratos entre los Estados miembros y la Comisión (como
gestores de los fondos) deben ser conformes con la legislación sobre medio ambiente, y
las actuaciones correspondientes deben someterse a una evaluación de sus efectos
ambientales. Sin embargo, en los casos en los que los modelos de desarrollo regional ponen
un énfasis excesivo en el crecimiento económico a corto plazo, pueden aparecer efectos
secundarios ambientales que entran en contradicción con el objetivo del desarrollo
sostenible. Consecuentemente, se dará mayor importancia a la evaluación de las
repercusiones más amplias de los planes, proyectos y programas en lo referente al medio
ambiente y el carácter sostenible del desarrollo.
Próxima revisión de las políticas estructurales
Mediante la nueva reforma de los Fondos Estructurales, la Comunidad se propondrá fomentar
un desarrollo sostenible de conformidad con el artículo 2 del nuevo Tratado. En este
contexto, el desarrollo subvencionado mediante fondos debería basarse en los puntos
fuertes intrínsecos y en los recursos naturales de las regiones seleccionadas y
orientarse hacia procesos y productos de calidad elevada, lo cual supone un mayor nivel de
integración de la dimensión ambiental en los propios procedimientos de los fondos
(tratando el medio ambiente como una preocupación básica del proceso de desarrollo) y
también una mejor coordinación y sinergia entre los diversos fondos. Una aproximación
de este tipo será fundamental para la cohesión a largo plazo, económica y social, de la
Comunidad.
En el caso del FEDER, el desarrollo asistido mediante fondos tendrá en cuenta las
consecuencias ambientales. Se animará a los Estados miembros a que adopten un enfoque
integrado, tomando plenamente en cuenta la evaluación del impacto ambiental en las
primeras fases de la elaboración de planes y programas, y evitando una degradación
ambiental que podría llegar a ser irreversible o requeriría medidas correctivas costosas
en el futuro.
En lo que se refiere al FSE, este Programa subraya la importancia de los aspectos
educativos y formativos, incluyendo indicaciones de los conocimientos técnicos
profesionales que exigirá su aplicación efectiva. En el contexto del examen del
Programa, y en colaboración con la Task Force de Recursos Humanos, Educación, Formación
y Juventud, el FSE incrementará su apoyo a la creación de puestos de trabajo y a la
formación en relación con actividades de medio ambiente que faciliten el desarrollo
regional sostenible.
Las oportunidades y los incentivos para promover una gestión responsable del suelo, los
bosques y los ecosistemas a través del FEOGA y el FSE aumentarán a medida que la
Política Agraria Común se oriente hacia una gestión más equilibrada y dinámica de las
zonas rurales de la Comunidad. Como principio general que se aplicará a la
reestructuración de la PAC a largo plazo, para poder optar a las ayudas comunitarias se
deberán cumplir progresivamente condiciones relacionadas con la explotación de los
recursos agrarios y de otros recursos naturales de un modo aceptable para el medio
ambiente, y en última instancia de una manera que mejora la calidad del medio ambiente
rural y del campo en general.
Por último, en lo que respecta a los Fondos Estructurales en general, se requiere
una
estrategia global de planificación y creación de redes sobre todo cuando se trata de la
integración y cohesión de las regiones periféricas; es éste un tema que se seguirá
estudiando en el marco del ejercicio «Europa 2000» (44).
El instrumento financiero de la Comunidad para el medio ambiente (LIFE)
Mientras los conceptos teóricos de responsabilidad ambiental y desarrollo sostenible
gozan de una aceptación relativamente amplia, siguen, sin embargo, resultando bastante
abstractos para la gran mayoría de los actores económicos. Los administradores,
empresarios y consumidores no entienden de qué forma se espera de ellos que traduzcan los
conceptos en su actividad cotidiana. En este contexto, las principales tareas de LIFE
consistirán en
- definir y promover modelos de producción y de comportamiento que se correspondan con
los principios del desarrollo sostenible;
- realizar demostraciones prácticas de la viabilidad técnica y la eficacia económica de
los modelos y las medidas elegidas;
- apoyar demostraciones específicas, proyectos piloto y actividades de información
horizontal, educación y formación diseñadas para influir en los actores económicos
mediante ejemplos prácticos;
- fortalecer las estructuras administrativas.
Hasta ahora, este tipo de medidas se han llevado a la práctica de forma más bien dispar,
mediante una colección de instrumentos financieros a pequeña escala (MEDSPA, NORSPA, ACE
y ACNAT). LIFE tiene por finalidad alcanzar una integración eficaz y una mayor eficiencia
de los mencionados instrumentos gracias a una mejor coordinación de los procedimientos y
a una gestión global más adecuada.
Creación de un Fondo de Cohesión
El artículo 130 D del Tratado de la Unión Europea establece que antes del 31 de
diciembre de 1993 se creará un Fondo de Cohesión que proporcione una contribución
financiera a proyectos en los sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas en
materia de infraestructura de transporte. Los potenciales beneficiarios son España,
Grecia, Irlanda y Portugal.
Por su propia naturaleza, el Fondo presupone un nivel elevado de intervención comunitaria
(85-90 %). El Fondo de Cohesión añadirá una nueva dimensión al esfuerzo de cohesión
económica y social; será, para los Estados mencionados, el equivalente de lo que las
políticas estructurales representan para las regiones.
Está previsto que la financiación a través del Fondo de Cohesión se ciña a las dos
condiciones siguientes:
- En primer lugar, los proyectos que se consideren deben tener su origen en la
legislación comunitaria. En el caso de proyectos de medio ambiente, esto significa que
deberán ser el resultado de una decisión comunitaria que supone costes desproporcionados
para las autoridades públicas del Estado miembro en cuestión. De esta manera, el Fondo
de Cohesión ayudará a los Estados miembros menos prósperos a aplicar eficazmente la
legislación de la Comunidad sobre medio ambiente.
- La segunda condición es la adopción previa, por parte del Consejo, de un programa de
convergencia económica. La aplicación de este programa será examinada por la Comunidad
en el contexto de la supervisión multilateral a la que hace referencia el artículo 104C
del Tratado.
En el curso del año 1992, la Comisión presentará una propuesta de Reglamento sobre la
creación y el funcionamiento del Fondo.
El Banco Europeo de Inversiones
La protección del medio ambiente ha sido un importante criterio en la selección y
evaluación de proyectos por parte del BEI a lo largo de gran parte de los últimos veinte
años. En 1983, el BEI hizo una declaración oficial de intenciones en relación con la
política de medio ambiente, la «Declaración de Políticas y Procedimientos Ambientales
relacionados con el Desarrollo Económico», junto con el Banco Mundial, los bancos de
desarrollo regional, el PNUMA, el UNDP y la Comisión de las Comunidades Europeas; el BEI
ha pasado a ser miembro del CIDIE, el Comité de Medio Ambiente de las Instituciones
Internacionales de Desarrollo.
En 1984, el equipo directivo sentó las bases de la política del Banco, permitiendo
así
que éste interviniera, en toda la Comunidad, en favor de proyectos relacionados con el
medio ambiente. El Banco ha cooperado con el Banco Mundial desde 1988, en el marco del
Programa de Medio Ambiente para el Mediterráneo (EPM). Uno de los frutos de esta
colaboración es el programa de asistencia técnica METAP, cuyo objetivo es actuar como
catalizador de la inversión ambiental en la región. Se prevén más oportunidades de
aumentar la cooperación; por ejemplo, la cofinanciación de inversiones dentro de
ENVIREG.
A efectos operativos, el Banco ha adoptado una definición de medio ambiente que abarca
proyectos relacionados con el agua, la eliminación de residuos sólidos, el control de la
contaminación del aire, la conservación del patrimonio y determinados proyectos urbanos
de reducción de la contaminación. A pesar de esta definición relativamente restrictiva,
en los últimos años se ha observado un fuerte aumento de los préstamos del Banco en los
Estados miembros (hasta alcanzar el 15 % del total de los préstamos en 1989) y una mayor
variedad en los tipos de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. El
«contenido ambiental» del Banco varía según el Estado miembro (del 2-3 % en Portugal y
Francia hasta el 44 % en Alemania), lo cual refleja, entre otros aspectos, el abanico de
posibilidades de préstamo del Banco en estos países.
Cuadro 17: Medidas horizontales
Objetivos
Metas hasta el año 2000
Medidas
Calendario
Agentes
1. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
- Ampliación de la información básica
- Programa comunitario de estadísticas sobre medio ambiente
- Estadísticas nacionales sobre medio ambiente
- Estadísticas regionales y comunitarias
A partir
de 1992
1995
1995
AEMA + CE
EM
CE
- Elaboración de indicadores ambientales
- Indicadores del progreso general y de las tendencias
1995
1997
CE
CE
- Evaluación periódica de la calidad y los avances
- Informes nacionales y comunitarios sobre el estado del medio ambiente
1995
2000
EM
CE
- Inventario de las emisiones y vertidos contaminantes y de los residuos
- Publicación de inventarios (progresivo)
A partir
de 1994
CE,
empresas
2. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
- Incremento significativo de las inversiones en actividades generales de I+D de medio
ambiente y energía
- Nuevo programa de I+D
1992/1996
Empresas +
EM + CE
- Programas específicos tales como tecnología para reducir las emisiones de carbono,
biomasa y otras energías renovables
1993
ídem
- Programas ampliados de biotecnología, incluida su utilización agraria para el control
integrado de plagas
1995
ídem
- Programa ampliado de tecnologías limpias, tecnologías del reciclado, materiales
reciclables y reutilizables
1993
ídem
3. PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y ESPACIAL
Planes integrados de desarrollo socioeconómico
- Planes integrados de desarrollo regional
- Planes integrados de gestión del transporte hasta el año 2000
- Planes integrados de gestión costera
- Planes integrados de transporte para el año 2010
- Evaluación del impacto ambiental en las fases de planificación y de proyecto
- EIA aplicada al FEDER - programas y proyectos dirigidos
A partir
de 1992
1994
1998
1997
A partir
de 1995
En curso
A partir
de 1993
EM, LA, CE
EM, LA, CE
EM, LA, CE
EM, LA, CE
EM, LA, CE
EM, LA, CE
4. DETERMINACIÓN CORRECTA DE LOS PRECIOS
a) Evaluación y contabilidad
Evaluación de la riqueza en recursos ambientales
Elaboración de indicadores de los recursos renovables
- Directrices preliminares
vinculadas a la «Ampliación de la información»
- Cuadros extraoficiales del PNB que reflejen el valor de los recursos naturales
1993
1995
A partir
de 1995
CE
AEMA, CE, EM
EM + CE
Modificación de los indicadores económicos clave
- Cuadros oficales del PNB
A partir
de 1999
ídem
Análisis coste/beneficio
- Elaboración y aplicación de un programa coherente que incorpore los costes externos
A partir
de 1992
EM + Industria
Creación de mecanismos de contabilidad ambiental
- Consultas con organizaciones profesionales
- Directrices comunitarias
- Informes paralelos en las empresas
1992
1993
A partir
de 2000
CE
Contables +
organizaciones profesionales. +
CE
Difusión de los problemas ambientales en los informes contables de las empresas
- Consultas con los EM, la industria y las organizaciones profesionales
- Directiva CE
1992/1993
1994
CE, EM, industria y organizaciones profesionales.
CE + EM
Objetivos
Metas hasta el año 2000
Medidas
Calendario
Agentes
b) Incentivos fiscales
Integración de los requisitos de protección ambiental en las políticas fiscales
- Fomento de los incentivos fiscales para la protección del medio ambiente
1993
EM + CE
c) Tasas
Mayor transparencia de los sistemas de tasación
- Revisión de los impuestos y tasas nacionales y locales -recopilación de datos
1993
EM + AL + CE
d) Ayudas de estado
Aplicación del principio «quien contamina, paga» - Revisión exhaustiva de las ayudas
de estado en el terreno del medio ambiente
1992/1993
CE + EM
e) Otros instrumentos económicos y de mercado
- Auditoria ambiental de todas las grandes empresas públicas y privadas
- Directiva sobre las auditorias ecológicas
Auditorias ecológicas
- Consultas con los EM, con la industria y con las instituciones aseguradoras
- Implantación de un sistema de fianzas de cumplimiento en relación con convenios y
condiciones de autorización
1992
1994
1992/1993
1995
CE + EM +
contables
CE + EM + AL
+ empresas
EM + AL +
empresas de
seguros
- Responsabilidad integrada y responsabilidad conjunta
- Directiva sobre responsabilidad civil por danos ocasionados por residuos
- Documento de debate sobre sistemas de responsabilidad conjunta y responsabilidad civil
- Adopción del reglamento CE
A partir
de 1993
1992
1995
CE + EM
CE
CE + EM
- Sistemas de depósito/devolución
- Aplicación progresiva
Informes sobre progreso y eficacia
En curso
1995/1998
EM + empresas
CE + EM
5. INFORMACIÓN PÚBLICA Y EDUCACIÓN
- Mejorar el nivel de la información general
- Campañas específicas de información sobre temas escogidos
- Acceso del público a la información sobre medio ambiente
- Informes periódicos sobre el estado del medio ambiente
- Residuos, consumo de energía, transporte etc. (según la decisión del Grupo de examen
de las políticas de medio ambiente)
1993
A partir
de 1995
A partir
de1992
AL, EM, CE
AL, EM
CE, EM,
servicios
públicos
- Ampliar la información destinada a los consumidores
- Etiquetado ecológico
- Etiqueta de información medioambiental y al consumidor
A partir
de 1993
1998
CE, EM
CE, EM,
organización de normalización.
- Incorporar las cuestiones de medio ambiente a los planes de estudio de las escuelas
primarias y secundarias
- Informe sobre la situación actual y la elaboración de propuestas
- Programa de investigación pedagógica
- Adopción de directrices generales
- Elaboración de libros y material didáctico
- Formación del profesorado
- Incorporación a los planes de estudio
- Programas de seminarios, universidades de verano, coloquios
- Actualización anual de los avances
1992
1992/1993
1993
En curso
A partir
de 1993
2000
A partir
de 1993
A partir
de 1993
CE
EM, instituciones.
educativas., CE
EM
Empresas
Instituciones educativas.
EM
EM, instituciones educativas.
CE
6. FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA
- Integración de los estudios ambientales en una proporción representativa de las
instituciones superiores de enseñanza
- Informe sobre la situación actual en todos los sectores
- Incorporación de los estudios ambientales
- Creación de facultades de medio ambiente
1992
A partir
de 1993
ídem
CE
Instituciones nacionales de educación.
ídem
Objetivos
Metas hasta el año 2000
Medidas
Calendario
Agentes
- Programas de formación profesional para técnicos, operarios de máquinas, agrónomos,
silvicultores y demás trabajadores y personal de formación
- Investigación pedagógica, elaboración de libros y de material didáctico
A partir
de 1992
Instituciones de educación.
Empresas
- Cursos de formación profesional, seminarios y talleres para gestores, contables y
auditores
- Coordinación entre las instituciones profesionales, elaboración de directrices y
procedimientos
A partir
de 1992
CE +
organizaciones profesionales.
- Programa ya iniciado de cursos y seminarios para políticos, gestores del transporte,
consejeros agrarios, operadores turísticos
- ídem
ídem
ídem
7. MECANISMOS DE ASISTENCIA ECONÓMICA
Plena integración de la dimensión ambiental en los desembolsos de los fondos
estructurales (con efectos a partir de la ratificación del nuevo Tratado)
- Tomar en consideración las repercusiones ambientales
A partir
de 1993
EM, AL, CE
Orientación de las ayudas del FEOGA de forma que se favorezca el desarrollo rural y la
agricultura integrada sostenible
- Sustitución progresiva de la ayuda a los precios por la ayuda a los ingresos
- Contratos de gestión del suelo
- Programa de desarrollo rural
- Programa de desarrollo forestal
A partir
de 1992
A partir
de 1992
Progresivo
ídem
CE
EM + CE
ídem
Emp. forestales,
EM + CE
Desarrollo de LIFE como mecanismo de estímulo para aplicar eficazmente la política de
medio ambiente
- Iniciación de LIFE
- Revisión exhaustiva y en su caso ampliación
1992
1995
CE + EM
ídem
Nuevo Fondo de Cohesión
- Estímulo específico al tratamiento del aire, de los residuos, de las aguas residuales,
etc.
1993-1998
CE, EM, + AL
Nuevos mecanismos económicos de apoyo en favor de las PYME
- Estudio exhaustivo de las dificultades y necesidades
- Estudio exhaustivo de las ayudas de estado en el terreno del medio ambiente
1992/1993
1993
CE + EM +
organizaciones
industriales
CE
 
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