|
CAPÍTULO 3
AGENTES
Hasta ahora, los Programas comunitarios de medio ambiente se han venido basando en gran
medida en normas y controles en los que estaban involucrados los gobiernos y la industria
manufacturera. El concepto de responsabilidad compartida exige una participación más
amplia y activa de todos los agentes económicos, incluidos los poderes públicos, las
empresas públicas y privadas en todas sus formas y, sobre todo, el público en general,
como ciudadanos y consumidores. El fin último que se persigue con la participación y
relación de estos agentes económicos (y con el recurso a una gama más amplia de
instrumentos tales como incentivos de mercado) es conseguir equilibrar de otra manera los
beneficios a corto plazo de personas, empresas y administraciones concretas y los
beneficios a largo plazo de toda la sociedad. En el capítulo 8 se abordarán el principio
de subsidiariedad y el concepto de responsabilidad compartida, que van a aplicarse en el
empeño de alcanzar este nuevo equilibrio.
3.1. Poderes públicos
El papel de los gobiernos es fundamental no sólo desde el punto de vista legislativo,
sino también a la hora de planificar el desarrollo económico, la gestión de los usos
del suelo, el acceso a la información, la educación y la formación, de influir en el
mercado por medio de impuestos sobre productos (por ejemplo, el tabaco y los
combustibles), etc. y de establecer en qué condiciones todo ello deberá hacerse.
Además, aunque hay diferencias sustanciales en el sistema de administraciones públicas
en la Comunidad en la mayoría de los Estados miembros las autoridades públicas actúan
como directores de empresas públicas como, por ejemplo, las redes viarias y ferroviarias,
los aeropuertos y las compañías productoras de energía. En el empeño general de
conseguir que el desarrollo sea sostenible, los gobiernos tienen responsabilidades
especialmente pesadas en relación no sólo con las actividades que dirige o controla el
Estado, sino, además, por lo que se refiere a la creación del marco y las condiciones
necesarias, a la incitación y a la eliminación de obstáculos para permitir a las
empresas privadas desempeñar sus papeles respectivos.
Las administraciones locales y regionales tienen un papel especialmente importante a la
hora de garantizar un desarrollo sostenible mediante el ejercicio de sus funciones
reglamentarias y legislativas en calidad de «autoridades competentes» con respecto a
muchos reglamentos y directivas y en el contexto de la puesta en práctica del principio
de subsidiariedad. Algunos de los campos en los que las administraciones regionales y
locales van a tener que desempeñar un papel determinante son:
- Ordenación territorial: Mediante la aplicación de principios acertados podrán
contribuir a la conservación de espacios valiosos, incluidas las reservas y paisajes
naturales, a la mejora del tejido urbano y la circulación en las ciudades y a la
optimización del rendimiento de los transportes y de la energía.
- Desarrollo económico: La mayoría de los poderes públicos tienen alguna función que
desempeñar a la hora de fomentar el desarrollo económico en su territorio. Un nivel de
prudencia adecuado puede garantizar la utilización sostenible de los recursos necesarios
para que se dé y pueda prosperar ese desarrollo económico.
- Desarrollo de infraestructuras: Las administraciones locales y regionales son las
principales responsables de la ordenación, el establecimiento y la gestión de la red
viaria, el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, etc y, por
consiguiente, están bien situadas para influir en el emplazamiento, las características
y la repercusión del desarrollo físico.
- Lucha contra la contaminación industrial: Mediante un uso responsable de los permisos
de planificación, las autorizaciones de emisión, vertido y explotación, el derecho al
acceso a la información sobre medio ambiente, etc.
- Gestión de residuos: Si se aplica una jerarquía a la gestión de residuos
-
reducción, reutilización y reciclado, combustión para la obtención de combustible,
eliminación por incineración y depósito en vertederos
- podrán reducirse los problemas
que plantea la eliminación de residuos y se ahorrará energía y materias primas.
- Transporte: La ordenación de los transportes y del tráfico deberá integrarse
plenamente en el proceso de ordenación general.
- Servicios públicos: Su propio funcionamiento deberá, evidentemente, atenerse a los
principios del desarrollo sostenible.
- Información, educación y formación de los ciudadanos: Las administraciones locales y
regionales, ateniéndose a la legislación comunitaria existente en materia de acceso de
la población a la información sobre medio ambiente, pueden contribuir a que la opinión
pública participe más en la protección del medio ambiente y a aumentar su confianza;
los que sean más directamente responsables de la educación tienen oportunidades y
responsabilidades especiales en relación con la sensibilización y el comportamiento de
los ciudadanos.
- Auditoria interna: Las administraciones tienen que analizar con sentido crítico su
propio funcionamiento, por ejemplo, en relación con los servicios públicos, el
emplazamiento de edificios de oficinas, la política de compras, la elección de
vehículos y equipos, la conservación de la energía, la auditoria ecológica y la
comunicación de información a la opinión pública.
En los casos pertinentes, los gobiernos centrales deberán aplicar estos principios y
medidas a sus propias administraciones y decisiones (por ejemplo, planificación,
información, educación, formación y auditoria interna) y poner los recursos necesarios
a disposición de las administraciones central, regional y local para que puedan ponerse
en práctica también en esas esferas.
3.2. Empresas públicas y privadas
Según su naturaleza, prácticamente todas las empresas utilizan recursos naturales en sus
procesos y productos, crean cantidades y tipos varios de residuos y contribuyen a la
contaminación del aire, el agua y el suelo. Por ahora sólo en algunos casos contados los
costes a largo plazo de estos recursos y de la contaminación se han incluido en los
costes de explotación de una instalación o en el precio del producto o servicio final.
Es evidente que esta situación no es viable ni desde el punto de vista económico ni
desde el punto de vista ecológico. Cada vez se es más consciente de que están en juego
los intereses de la industria: si aumenta la demanda de tecnologías y productos limpios,
el mercado ofrecerá oportunidades especialmente ventajosas para las empresas innovadoras;
cuando la industria incluye en su política de gestión consideraciones ecológicas,
obtiene beneficios que se traducen en el ahorro de recursos y energía. Sin embargo, la
Comunidad y los Estados miembros son los que deben determinar el marco y las condiciones
necesarias para que el desarrollo sea sostenible.
En este Programa se han seleccionado cinco sectores a los que se van a dirigir sus
medidas. Esos sectores representan una buena parte de la actividad económica general y su
cooperación y actitud van a ser fundamentales para preparar el camino hacia un desarrollo
sostenible. A pesar de que se hayan elegido determinados sectores clave, ha de quedar
claro que se espera contar con la participación de todas las empresas en el empeño de
llegar a un desarrollo sostenible y que los instrumentos que se van a crear y aplicar
sirvan para que la respuesta sea lo más amplia posible.
Una política amplia sobre los productos de consumo va a tener importancia si los
mecanismos del mercado contribuyen a modificar la conducta de los seres humanos a favor
del medio ambiente. Es especialmente conveniente que las empresas sepan hasta qué punto
es importante el volumen de residuos que crean a través de sus productos y envases, y que
asuman la responsabilidad por ellos. La propuesta de una etiqueta ecológica comunitaria
podrá incitar a la industria a diseñar y fabricar productos de menor impacto ambiental.
Habrá que crear políticas que sirvan también para ayudar a los consumidores a elegir
con conocimiento de causa siguiendo criterios de seguridad, calidad, duración y otras
implicaciones ecológicas. En estas circunstancias, los comerciantes van a tener que
asumir su parte de responsabilidad.
Las instituciones financieras que asumen los riesgos de empresas e instalaciones pueden
llegar a tener una influencia considerable - y, en algunos casos, el control - sobre las
decisiones en materia de inversión y gestión, que podría encauzarse a favor del medio
ambiente.
3.3. La opinión pública
Todos y cada uno de los ciudadanos van a tener que desempeñar algunos papeles
determinantes:
- El de personas preocupadas por la calidad del medio ambiente, la salud y la calidad de
vida de las generaciones futuras, y el de ciudadanos responsables con capacidad para
influir en las políticas y decisiones.
- El de generadores directos de contaminación y residuos, tanto en el hogar como en el
lugar de trabajo, como personas que utilizan a diario medios de locomoción para
desplazarse y en sus momentos de ocio.
- El de consumidores de bienes y servicios, puesto que las causas y las soluciones de los
problemas ecológicos dependen a menudo de la elección del consumidor.
Para que los ciudadanos puedan desempeñar plenamente su papel en la práctica tienen que
reunirse ciertas condiciones. De los conocimientos y de la información que obren en poder
de una persona va a depender que su actividad contamine o proteja el medio ambiente; van a
ser necesarias campañas de sensibilización para poner remedio a la situación. Las
buenas intenciones de nada sirven si no existen alternativas tales como la recogida
selectiva de residuos, sistemas fiables de transporte público, etc.
Por lo que se refiere a la elección de productos y servicios, deberán salvarse algunos
obstáculos en la práctica: puede ocurrir que el producto más ecológico no esté
disponible o que pueda encontrarse pero a un precio más elevado que otros productos más
contaminantes. (Un ejemplo claro de esta situación es el precio de la gasolina sin plomo
distinto al de la gasolina con plomo, ya que si el precio es atrayente el consumidor
tendrá incentivos para hacer una elección en favor del medio ambiente.) Para ganarse y
conservar la confianza de los consumidores, todos los productos que afirmen ser
«ecológicos» deberán serlo realmente y exponer sus características con neutralidad.
La participación activa de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las asociaciones
de ecologistas y consumidores, así como de los sindicatos y asociaciones profesionales va
a ser fundamental para la sensibilización, la transmisión de las preocupaciones e
intereses colectivos y la motivación e implicación de todos y cada uno de los
ciudadanos.
 
|
