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Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. BOE de 31-12-96 JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presente Ley incluye un amplio conjunto de medidas referidas a los distintos campos en que se desenvuelve la actividad del Estado, cuya finalidad es contribuir a la mejor y más efectiva consecución de los objetivos de la política económica del Gobierno que se contienen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, y en concreto al cumplimiento de los criterios de convergencia previstos en el artículo 109.J del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. En conformidad con dicha voluntad legisladora, la Ley recoge medidas de naturaleza tributaria, reforma distintos aspectos de los regímenes jurídicos de protección social, del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de Clases Pasivas del Estado, y se ocupa de diversas reformas de contenido estructural que afectan a la actuación, gestión y organización de la Administración. En el aspecto fiscal se abordan varias modificaciones en el ámbito de los tributos del Estado. Así en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se modifican varios preceptos que afectan a la consideración de las retribuciones en especie, a la imputación de rendimientos correspondientes a los bienes inmuebles de uso propio, al concepto de unidad familiar, a las deducciones en materia de seguros y a la reducción del rendimiento neto en los supuestos de estimación objetiva por signos, índices o módulos, modificación esta última que tiene por objeto fomentar la actividad empresarial. Además, se armoniza este impuesto con el de sociedades en materia de régimen sancionador de los no residentes y de delimitación del domicilio fiscal de los sujetos pasivos por obligación real de contribuir. Respecto del Impuesto sobre Sociedades, se modifican determinados aspectos de las deducciones por la realización de actividades de investigación y desarrollo y de exportación, que aumentarán su efectividad, al tiempo que se introducen las deducciones para inversiones protectoras del medio ambiente y para la contratación de trabajadores minusválidos. También en el Impuesto sobre Sociedades, se precisa la regla de imputación temporal de las rentas generadas en las transmisiones lucrativas y societarias prevista en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 43/1995, de manera que el contenido de la norma aprobada no supone una modificación del criterio de Imputación temporal de dichas rentas sino más bien una aclaración de dicho criterio que ahora se recoge de forma expresa. Por otra parte, se modifican aspectos de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido relativos al lugar de realización del hecho imponible. Se modifica también el régimen de la base imponible en los supuestos en los que, por resolución judicial o administrativa, quedan sin efecto las operaciones gravadas; el régimen de deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de la actividad empresarial y el régimen de los bienes, cuadros, objetos de arte y antigüedades. A fin de adecuar el sistema impositivo español con el de la Unión Europea, se crea el Impuesto sobre Primas de Seguros, tributo de naturaleza indirecta que grava, en fase única, las operaciones de seguro y capitalización, a las que se refiere el artículo 31 de la Ley 10/1977, de 4 de enero. Base imponible ésta constituida por el importe de la prima o cuota percibida, y el tipo impositivo se fija en el 4 por 100. En el ámbito de los impuestos especiales, se introduce una exención en el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte en los casos de traslado de la residencia del titular desde un país extranjero a España. Por último, se establecen tasas por diversas actividades y servicios prestados por la Administración, y se actualizan otras ya existentes. Esta medida va dirigida a establecer una mayor correspondencia entre el coste de los servicios que presta el Estado y el pago de los mismos por los beneficiarios. Dentro del apartado de normas tributarias, también se reforma la Ley General Tributaria mediante la modificación de su artículo 113, a fin de permitir la cesión de datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, cuando ésta tenga por objeto la protección de derechos e intereses de menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público. Asimismo, se modifican diversos preceptos de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, para superar ciertas deficiencias técnico-jurídicas observadas en la interpretación y aplicación de la norma en la medida que las citadas normas no están reservadas a Ley Orgánica y por lo tanto, pueden ser reformadas mediante Ley ordinaria. En lo relativo a los impuestos locales, se introducen reformas en la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Así, se modifica la calificación del suelo de naturaleza urbana que, a efectos del impuesto, se contiene en dicha Ley, de acuerdo con la supresión, operada por el Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio, de la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado. Se califica expresamente como suelo de naturaleza urbana al urbanizable y asimilado establecido por la normativa autonómica, que cuente con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal. También se da nueva redacción al apartado a) del artículo 64 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en lo que atañe a la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de determinados bienes públicos, despejando con ello las dudas interpretativas que pudiera suscitar la anterior redacción, manifestando claramente la que siempre fue la voluntad del legislador y de la norma: condicionar dicho beneficio fiscal a que los citados bienes sean de aprovechamiento público y gratuito. En fin, con objeto de agilizar y hacer más eficaz la gestión catastral, se adoptan en este sentido distintas medidas; así, se modifican los plazos para la aprobación y publicación de las ponencias de valores y para la aprobación de los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en aquellos municipios en los que el número de unidades urbanísticas sea superior a 750.000; se adapta el procedimiento de notificación de las revisiones y modificaciones de los valores catastrales a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, por último, se introducen diversas modificaciones en el régimen de las notificaciones de actos, así como en la actualización y mantenimiento de los datos del Catastro. En este ámbito fiscal, se establece, igualmente, la obligación de reflejar la referencia catastral en cuantos documentos públicos o privados contengan actos y negocios de transcendencia real que afecten a bienes inmuebles, así como en las inscripciones y anotaciones que deban practicarse en el Registro de la Propiedad. Tales medidas permiten comparar la documentación referida a bienes inmuebles manejada por las distintas Administraciones Públicas, con lo que se facilita la comprobación, investigación e inspección de las transacciones y alteraciones de todo orden relativas a tales bienes que tienen transcendencia tributaria, con el objetivo de favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar el fraude en el sector inmobiliario. Por último, se modifican varios aspectos de la Ley 19/1994, de 6 de julio de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En el orden social, se incluyen normas de naturaleza organizativa junto a otras referidas a la acción protectora del sistema de Seguridad Social. En lo que se refiere a la organización y procedimiento de la Seguridad Social, se modifican diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, tanto para mejorar la gestión del sistema como para superar deficiencias de índole técnico-jurídica surgidas en la aplicación e interpretación de los mismos. Las disposiciones incluidas en esta Ley persiguen la introducción de racionalidad y mayor control en la gestión de los recursos destinados a la cobertura de gastos sociales. Las medidas establecidas afectan a diferentes ámbitos de la protección social y en ningún caso suponen una merma en los niveles de cobertura ni en la calidad de los servicios prestados. Por el contrario, el fin perseguido es introducir criterios de eficiencia y economía con el objetivo de asegurar la prestación a aquellas personas que realmente la necesitan. Entre las normas de protección social se incluye una nueva regulación del régimen de resarcimientos por actos terroristas. Tales disposiciones, que recogen los aspectos esenciales de dicho régimen sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario, mejoran considerablemente la cobertura de la acción estatal a las víctimas de tales actos. Así, se incrementan las cuantías de las prestaciones en favor de las víctimas del terrorismo en los supuestos con resultado de lesiones invalidantes -incapacidad permanente, ya sea parcial, total y absoluta, y gran invalidez- y muerte. También se incluyen las medidas de protección a la familia. En este sentido, se modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, de 24 de marzo de 1995, y la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a fin de equiparar los efectos de la filiación adoptiva a la natural, en cuanto a la suspensión del contrato de trabajo por maternidad. Igualmente, se modifica el régimen de Seguridad Social aplicable a aquellas personas que prestan servicio en la Administración de la Unión Europea. En materia de prestaciones por desempleo, se aborda una serie de medidas orientadas a incrementar el control y realizar una gestión más rápida y eficaz de las mismas. Igualmente, se ha incorporado un precepto dirigido a activar una mayor colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el Sistema Nacional de la Salud en la gestión de la prestación por incapacidad temporal. Por último, se modifica el concepto de pensión pública, adecuando el mismo a la legislación vigente de modo que incluya a cuantas prestaciones de este carácter se hallan financiadas, en todo o en parte, con fondos públicos. El título III de la Ley acoge una pluralidad de normas administrativas que se refieren al personal al servicio de las Administraciones Públicas. En ellas cabe destacar la que permite a los funcionarios prolongar la situación de servicio activo hasta los setenta años. De otra parte, se introducen en este título modificaciones concretas de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, destinadas a mejorar la eficacia de la Administración mediante una mejor ordenación de sus efectivos, así como regular regímenes jurídicos y retributivos especiales. También se modifica la Ley reguladora del Régimen Militar Profesional, de 19 de julio de 1989, con el fin de adecuar determinados aspectos de la misma a la legislación general de la función pública. En materia de clases pasivas, se modifican diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, de 30 de abril de 1987 , fijando el contenido y alcance de los derechos pasivos de determinados beneficiarios, y superando dificultades interpretativas de ciertos preceptos. La Ley se ocupa, en su título IV, de recoger diversas normas de gestión y organización, con objeto de mejorar el funcionamiento de la Administración del Estado y de las demás entidades que integran el sector público estatal, con la que se coadyuva a la disminución del déficit. Entre los preceptos de índole financiera se incluye la reforma de diversos artículos del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, de 23 de septiembre de 1988 , para adecuarlos a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 1995, y resolver problemas técnicos surgidos en su aplicación. Se modifica también la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, tanto en lo referente al régimen de control y fiscalización del gasto de las entidades locales, con su adaptación al propio de la Administración General del Estado, como al régimen de las operaciones financieras concertadas por dichas entidades, y con la fijación de mecanismos de control y vigilancia del endeudamiento de las mismas. En lo que se refiere a la gestión del patrimonio del Estado, se incluyen medidas dirigidas, de una parte a la racionalización, mejora de gestión y optimización de dicho patrimonio, y, de otra, a la actualización de la normativa existente en materia de venta de acciones del Patrimonio del Estado su finalidad es agilizar y flexibilizar el proceso de privatización de determinadas sociedades estatales, en el marco de la política del Gobierno sobre la modernización del sector público empresarial, con el objeto de potenciar la competitividad de la economía española. Asimismo, se introduce la figura del contrato de obra de pago único, que permite que se efectúe el pago del precio en el momento en el que la obra realizada haya sido entregada. Junto con lo anterior, se modifican diversos aspectos de los regímenes jurídicos del Patrimonio Nacional, de la Sociedad Industrial de Participaciones Industriales y de la Agencia Industrial del Estado, del Ente Público Radiotelevisión Española, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Escuela de Organización Industrial y de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. En el título V se contienen diversas medidas de carácter estructural referidas a distintos aspectos en los que se desenvuelve la acción administrativa, cuyo objeto es racionalizar y mejorar la prestación de los servicios públicos. Así, por lo que atañe a la acción administrativa en materia de inversiones de promoción pública, se articulan diversas medidas con el doble propósito de favorecer la ejecución y más eficiente explotación de diversas obras públicas y de dar mayor participación a la iniciativa privada en este componente tan dinámico de la economía. A estos efectos, se reforman ciertos aspectos de la regulación de la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, mediante la modificación de las obligaciones del adjudicatario de concesión de autopistas y el establecimiento de la posibilidad de que la sociedad adjudicataria amplíe su objeto social, a fin de que pueda realizar actividades que guarden conexión con su objeto principal. Se permite la ampliación, en determinadas condiciones, del plazo de la concesión hasta setenta y cinco años, y se adoptan medidas tendentes a asegurar la viabilidad económica y financiera de la concesión. También se introducen modificaciones en el régimen de gestión directa de la construcción y explotación de determinadas carreteras estatales, y se permite la participación en ella de entidades privadas. Asimismo, autoriza la creación de un Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias cuyo objeto lo constituye la construcción y administración de tales infraestructuras. En materia de transporte, se llevan a cabo modificaciones en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, tanto en lo que se refiere a la regulación de las Juntas Arbitrales de Transporte, como en la eliminación de la exigencia de la declaración de porte y las fianzas referidas a las autorizaciones de transporte público por carretera y de actividades auxiliares y complementarias de dicho transporte. Por último, queda sin efecto el régimen de licencias y autorizaciones para el transporte de emigrantes y se regulan determinados aspectos del régimen sancionador de las compañías y empresas de transporte de personas. En lo que se refiere a la acción administrativa en materia de energía, se modifican determinados aspectos de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre sobre conservación de la energía, para adaptarlos a las directrices comunitarias sobre las ayudas estatales en favor del medio ambiente. En materia de aguas, se regula el régimen jurídico del contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas. Igualmente, se modifica la Ley 29/1985, de Aguas, de 2 de agosto, para permitir a los organismos de cuenca adquirir y enajenar títulos representativos de capital de sociedades estatales que tengan por objeto la construcción o explotación de obras hidráulicas, así como a las empresas mercantiles concesionarias construir o explotar tales obras públicas, suscribir convenios o participar en agrupaciones de empresas o uniones temporales de empresas que tengan dicho objeto. Por último, es de destacar que en materia de sanidad se incluyen diversas modificaciones en la Ley 25/1990, del Medicamento, de 20 de diciembre, se introduce el concepto de especialidad farmacéutica genérica, garantizando su identificación, y se permite al Gobierno limitar la financiación pública de medicamentos a especialidades que no superen determinadas cuantías. El proyecto de Ley fue sometido a informe del Consejo Económico y Social, del Consejo de Estado, de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo General del Poder Judicial, respecto a las materias propias de su competencia. TÍTULO I CAPÍTULO I SECCIÓN 1.ª 1. Retribuciones en especie. Con efectos a partir del día 1 de enero de 1997, se da nueva redacción al último párrafo del artículo 26 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado como sigue:
2. Rendimientos sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Uno. La letra b) del artículo 34 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, queda redactada como sigue:
Dos. Se añade al artículo 37.3 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la siguiente letra:
Tres. Tratamiento de las contraprestaciones derivadas de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización. 1. Las personas físicas sujetas por obligación personal de contribuir incluirán en su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la cantidad a que se refiere el apartado tres cuando concurran las circunstancias siguientes: a) Que hubieren cedido el derecho a la explotación de su imagen o hubiesen consentido o autorizado su utilización a otra persona o entidad, residente o no residente. A efectos de lo dispuesto en esta letra, será indiferente que la cesión, consentimiento o autorización hubiese tenido lugar cuando la persona física fuese no residente. b) Que presten sus servicios a una persona o entidad residente en el ámbito de una relación laboral. c) Que la persona o entidad con la que mantengan la relación laboral, o cualquier otra persona o entidad vinculada con ellas en los términos del artículo 16 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, haya obtenido, mediante actos concertados con personas o entidades residentes o no residentes, la cesión del derecho a la explotación o el consentimiento o autorización para la utilización de la imagen de la persona física sujeta por obligación personal de contribuir. 2. La inclusión a que se refiere el apartado anterior no procederá cuando los rendimientos del trabajo obtenidos en el período impositivo por la persona física a que se refiere el párrafo primero del apartado anterior en virtud de la relación laboral no sean inferiores al 85 por 100 de la suma de los citados rendimientos más la total contraprestación a cargo de la persona o entidad a que se refiere la letra c) del apartado anterior por los actos allí señalados. 3. La cantidad a incluir en la base imponible será el valor de la contraprestación que haya satisfecho con anterioridad a la contratación de los servicios laborales de la persona física o que deba satisfacer la persona o entidad a que se refiere la letra c) del apartado uno por los actos allí señalados. Dicha cantidad se incrementará en el importe del ingreso a cuenta a que se refiere el apartado nueve y se minorará en el valor de la contraprestación obtenida por la persona física como consecuencia de la cesión, consentimiento o autorización a que se refiere la letra a) del apartado 1, siempre que la misma se hubiera obtenido en un período impositivo en el que la persona física titular de la imagen fuese residente en territorio español. 4.1. Cuando proceda la inclusión en la base imponible, será deducible de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a la persona a que se refiere el párrafo primero del apartado 1: a) El Impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades que, satisfecho en el extranjero por la persona o entidad no residente primera cesionaria, corresponda a la parte de la renta neta derivada de la cuantía que debe incluir en su base imponible. b) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades que, satisfecho en España, por la persona o entidad residente primera cesionaria, corresponda a la parte de la renta neta derivada de la cuantía que debe incluir en su base imponible. c) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por la primera cesionaria, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la cuantía incluida en la base imponible. d) El impuesto satisfecho en España, por obligación real de contribuir, que corresponda a la contraprestación obtenida por la persona física como consecuencia de la primera cesión del derecho a la explotación de su imagen o del consentimiento o autorización para su utilización. 4.2. Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la inclusión. En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales. Estas deducciones no podrán exceder, en su conjunto, de la cuota íntegra que corresponda satisfacer en España por la renta incluida en la base imponible. 5. La inclusión se realizará por la persona física en el período impositivo que corresponda a la fecha en que la persona o entidad a que se refiere la letra c) del apartado uno efectúe el pago o satisfaga la contraprestación acordada, salvo que por dicho período impositivo la persona física deba tributar por obligación real de contribuir, en cuyo caso la inclusión deberá efectuarse en el primero o en el último período impositivo por el que deba tributar por obligación personal de contribuir, según los casos. La inclusión se efectuará como un componente más de las rentas previstas en el artículo 61 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al día de pago o satisfacción de la contraprestación acordada por parte de la persona o entidad a que se refiere la letra c) del apartado uno. 6.1. No se integrarán en la base imponible del impuesto personal de los socios de la primera cesionaria los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por ésta en la parte que corresponda a la cuantía que haya sido incluida en la base imponible de la persona física a que se refiere el primer párrafo del apartado uno. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta. En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas. 6.2. Los dividendos o participaciones a que se refiere el número 1 anterior no darán derecho a la deducción por doble imposición de dividendos ni a la deducción por doble imposición internacional. 6.3. Una misma cuantía sólo podrá ser objeto de inclusión, por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la persona o entidad en que se manifieste. 7. Cuando hubiese procedido la inclusión a que se refiere el apartado uno y la cesión, consentimiento o autorización a que se refiere la letra a) del mismo se hubiese producido a favor de una sociedad sometida al régimen de transparencia por aplicación de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 75 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y ésta, a su vez, hubiese efectuado la cesión, consentimiento o autorización a la persona o entidad a que se refiere la letra c) de dicho apartado: a) No tendrá la consideración de ingreso fiscalmente computable en la sociedad transparente el valor de la contraprestación que deba satisfacer la persona o entidad a que se refiere la letra c) del apartado uno por los actos allí señalados. b) No tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible en la sociedad transparente la contraprestación satisfecha a la persona física a que se refiere el primer párrafo del apartado uno. 8. Lo previsto en los apartados anteriores de esta disposición se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno y en el artículo 13 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 9. Cuando proceda la inclusión a que se refiere el apartado uno, la persona o entidad a que se refiere la letra c) del mismo deberá efectuar un ingreso a cuenta de las contraprestaciones satisfechas en metálico o en especie a personas o entidades no residentes por los actos allí señalados. Si la contraprestación fuese en especie, su valoración se efectuará de acuerdo a lo previsto en el artículo 27, apartado uno, de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, practicándose el ingreso a cuenta sobre dicho valor. La persona o entidad a que se refiere la letra c) del apartado uno deberá presentar declaración del ingreso a cuenta en la forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda. Al tiempo de presentar la declaración deberá determinar su importe y efectuar su ingreso en el Tesoro. Reglamentariamente se regulará el tipo de ingreso a cuenta. 10. La inclusión prevista en el apartado uno de esta norma será de aplicación a partir de 1 de enero de 1997. No obstante, dicha inclusión no será aplicable a las rentas que se devenguen entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1997, siempre que dicho devengo se hubiese producido al amparo de contratos celebrados con anterioridad a 1 de enero de 1997. Se entenderán incumplidas las condiciones que determinan la no inclusión y, en consecuencia, procederá ésta, cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Que se modifiquen, a partir del 31 de diciembre de 1996, las condiciones económicas que, en los contratos celebrados con anterioridad a dicha fecha, deben regir hasta 30 de junio de 1997. b) Que, en el plazo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 30 de junio de 1997, se satisfagan contraprestaciones superiores a las que contractualmente corresponda satisfacer en dicho período. 3. Unidad familiar. Con efectos a partir de 1 de enero de 1997, se da nueva redacción al artículo 87 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado como sigue:
4. Reducción del rendimiento neto en estimación objetiva por signos, índices o módulos. El rendimiento neto de las actividades a las que resulte aplicable y por las que no se haya renunciado a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá reducirse en un 15 por 100 durante 1997. El rendimiento neto a que se refiere el párrafo anterior será el resultante exclusivamente de la aplicación de las normas que regulan la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva. Esta reducción se tendrá en cuenta a efectos de los pagos fraccionados correspondientes al ejercicio 1997. Esta reducción será compatible con la prevista en el artículo 13, apartado 1, del Real Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero, de Medidas Urgentes sobre Materias Presupuestarias, Tributarias, Financieras y de Empleo. 5. Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. 1. Se da nueva redacción al apartado dos del artículo 98 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda redactado como sigue:
2. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 17 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado como sigue:
6. Sanción por falta de nombramiento de representante de los no residentes. Con efectos a partir del día 1 de enero de 1997, los apartados tres y cuatro del artículo 22 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quedarán redactados como sigue:
SECCIÓN 2.ª 7. Modificación del artículo 4, apartado octavo, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. «Artículo 4. Bienes y derechos exentos.
SECCIÓN 3.ª 8. Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de 1997, se introduce un nuevo artículo, con el número 36 bis, en el título VI «Deuda tributaria», capítulo IV «Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades», que quedará redactado de la siguiente manera:
SECCIÓN 4.ª 9. Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de Diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la redacción dada por el artículo 29 de la Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales Complementarias, con el siguiente contenido: «6. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los casos de transmisiones a título lucrativo inter vivos, en favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual o de participaciones en entidades del donante, a las que sea de aplicación la exención regulada en el punto dos del apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se aplicará una reducción en la base imponible para determinar la liquidable del 95 por 100 del valor de adquisición, siempre que concurran las condiciones siguientes: a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez. b) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad. c) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los diez años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo. Asimismo, el donatario no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición. Dicha obligación también resultará de aplicación en los casos de adquisiciones mortis causa a que se refiere la letra c) del apartado 2 de este artículo. En el caso de no cumplirse los requisitos a que se refiere el presente apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiere dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora». SECCIÓN 5.ª 10. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se modifican los siguientes artículos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Primero.-Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 23: 1. El número 1.º del apartado uno quedará redactado como sigue:
2. El apartado dos quedará redactado como sigue:
Segundo.-Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 70: 1. Se suprime la letra d) del número 3.º del apartado uno. 2. El apartado dos del artículo 70 quedará redactado como sigue:
Tercero.-El artículo 80 quedará redactado como sigue: «Artículo 80. Modificación de la base imponible.
Cuarto.-El apartado uno del artículo 82 quedará redactado como sigue: «Artículo 82. Base imponible.
Quinto.-El artículo 89 quedará redactado como sigue: «Artículo 89. Rectificación de las cuotas impositivas repercutidas.
Sexto.-Se modifica el artículo 91.2.1.1º.a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado así:
Séptimo.-El artículo 111 quedará redactado como sigue: «Artículo 111. Deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales o profesionales.
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