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El trasvase Tajo-Segura comenzó a funcionar en 1979. Pero tiene su origen en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, elaborado bajo la dirección del ingeniero de Caminos, Manuel Lorenzo Pardo en 1933, quien pretendía acabar con el "desequilibrio hidrológico" del país. Planteaba como solución a la escasez de recursos hidráulicos en el sureste peninsular, el trasvase de agua desde la cabecera del río Tajo. Asimismo, durante aquella época también se planteó la posibilidad de realizar una gran trasvase desde la desembocadura del río Ebro. Estas ideas fueron también defendidas por el ministro de Obras Públicas del momento (Indalecio Prieto) en la célebre "Asamblea de Alicante". El proyecto fue retomado en la época de los planes de desarrollo franquista (1966) y ejecutado entre esa fecha y 1979. Un estudio económico del acueducto elaborado por el Estado en 1968, cifraba en 14.500 millones de pesetas, la inversión prevista para cometer esta obra. Sin embargo, el coste total pasó a ser de 43.222 millos, casi un 300% más de lo inicialmente previsto. En 1971 el Estado promulgó una ley conocida como de "Aprovechamiento conjunto del Tajo-Segura" en la que se establecía un caudal trasvasable de 600 Hm3, en una primera fase y de 1000 Hm3 en una segunda. Igualmente se planteó una importante extensión de regadío. Se reguló que con los caudales trasvasados se cubriera el déficit de los regadíos legales existentes (oficialmente unas 90.000 Ha) y se ampliara la superficie en otras 51.000 Ha. En los años 80 estas cifras se cambiaron y los documentos oficiales hablan de crear unas 77.000 nuevas hectáreas, siempre partiendo de un trasvase anual de 600 Hm3 de los que 110 era para abastecimientos urbanos, 90 se perdían en el camino y los 400 restantes se asignaban a la agricultura. Nunca se han cumplido las previsiones. Lejos de lograr estos objetivos, el trasvase Tajo-Segura no ha sobrepasado en ningún momento los 300 Hm3 anuales. Desde que a mediados de los años 60 se fue perfilando la previsión de que el trasvase se llevase a cabo, se inició una loca carrera por roturar y poner en regadío tierras al margen de su verdadero valor agronómico. Esto se hizo con la finalidad de acogerse a los nuevos caudales que, como oficialmente se decía, venían primero a socorrer a los regadíos deficitarios. La cuenca del Segura ha incrementado de forma considerable su superficie regada con caudales que nunca han venido, y probablemente nunca lleguen, con lo que el déficit estructural de la cuenca se ha multiplicado. En 1972, los decretos oficiales del Estado reconocían un superficie total de regadíos de 141.110 hectáreas en Murcia; en 1986 está cifra se elevó hasta los 147.255, y en el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura se llegó a las 198.178 hectáreas. Desde su aprobación hasta ahora se han puesto en riego casi 50.000 nuevas hectáreas. Según los datos del Plan Hidrológico Nacional actualmente el déficit hídrico es el doble, y según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), se ha multiplicado por cuatro. Según anunció la Junta de Castilla-La Mancha la diferencia entre la cantidad de agua trasvasada hacia el Levante y la que, según los informes de la Confederación del Segura, se ha utilizado en los regadíos contemplados en la Ley del trasvase ha aumentado, situándose en 167 hectómetros cúbicos, y no se conoce el destino final de 113 (con los que se podrían regar 22.000 hectáreas). Por ello, ha iniciado una investigación y un proceso legal, dado que sospecha que estos caudales han servido para ampliaciones ilegales de regadío o para campos de golf y urbanizaciones. Desde su puesta en funcionamiento hasta el año 1982, en el que se creó mediante Decreto la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, se habían trasvasado 350 Hm3. Desde 1980 a principios
de 2004, el volumen trasvasado ascendía a 8.414 Hm3,
sin contar la última decisión de la Comisión
Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de
trasvasar otros 112 Hm3. |
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